Jon Coupal

Ronald Reagan dijo una vez, “La visión del gobierno sobre la economía se puede resumir en unas pocas cortas frases: Si se mueve, cobrarle impuesto. Si sigue moviéndose, regulalo. Y si deja de moverse, subvenciónela.” Con un presupuesto récord de $130 mil millones, sabemos que los legisladores del estado de California son expertos en las tres prácticas, pero ninguna más que los impuesto.

Los demócratas en Sacramento pasaron el año del 2017 trabajando duro en convertir tres aumentos de impuestos y costos de combustible en leyes. Renovaron el programa de derechos de emisión y continuaron con el aumento de miles de millones de dólares en costos de combustible que genera ingresos estatales para financiar el tren de alta velocidad. Inventaron un nuevo impuesto sobre los documentos grabados que se supone financiara vivienda asequible. Y por supuesto, proyecto de ley del senado 1 era necesario para financiar la reparación de carreteras, a pesar de que miles de millones de dólares se desviaron del mantenimiento en la última década. Sacramento estaba aumentando constantemente los impuestos a pesar de que se encontraba en medio de un superávit de $8 mil millones.

Pero, afortunadamente, el 2018 no ha sido tan terrible para los contribuyentes como en 2017. Aquí hay una muestra de la propuestas que, por ahora, no han pasado:

El proyecto de ley del senado 749 impondría un nuevo impuesto de tres por ciento sobre los fuegos artificiales al el punto de venta. El abuso de fuegos ilegales es una cuestión de interés estatal, y como tal, es totalmente apropiado gastar los ingresos existentes del fondo general en la aplicación y la seguridad. En cambio, al gravar la venta de fuegos artificiales, Sacramento estaría perjudicando a todas las organizaciones sin fines de lucro que recaudan una parte considerable de sus ingresos anuales de puestos de fuegos artificiales.

El proyecto de ley de la asamblea 2497 impondría un impuesto aun no definido sobre armas de fuego y municiones para financiar consejeros de recursos escolares y oficiales de política.

El proyecto de ley de la asamblea 2303 y 2560 crearía un nuevo impuesto de hasta diez por ciento para los vendedores de pequeñas empresas que contraten sus propias prisiones privadas o con el Departamento de Correcciones de California.

El proyecto de ley del senado 623 establecería un impuesto que establecería precedentes sobre el uso de agua residencial. Por ahora, las agencias locales de agua se han unido con los defensores de los contribuyentes para luchar vigorosamente contra este impuesto.

El proyecto de ley de la asamblea 2486 impondría un impuesto de $100 millones a los fabricantes y distribuidores de opiáceos para financiar programas de prevención y tratamiento. Básicamente, este impuesto será pasado a los consumidores, especialmente a los pacientes que usan opiáceos de forma adecuado para controlar el dolor. Como un tema de preocupación estatal, así como un problema legítimo de salud pública, el tratamiento con opioides también debe financiarse con el Fondo General.

El proyecto de ley del senado 993 es la última versión de una propuesta para extender el impuesto de las ventas de servicios, generando $100 mil millones en nuevos ingresos fiscales que se eliminarian de las billeteras de los consumidores. Y el proyecto de ley del senado 562 impondría un impuesto aún más mayor de $200 mil millones de dólares para establecer un programa de seguro de salud de pagador único que efectivamente haría ilegal el seguro de salud privado en California.

Las consideraciones políticas son parte de la razón por la que las propuestas enumeradas anteriormente han fracasado hasta el momento. Los demócratas ya no tienen una mayoría absoluta de dos tercios en el senado y, mientras lo hacen en la asamblea, algunos de los asientos que tienen representan distritos más conservadores. Esos legisladores pueden tener dudas sobre como emitir los votos decisivos sobre los aumentos de impuestos en un año electoral. Además, tanto la iniciativa ampliamente popular de reducir el aumento del impuesto a la gasolina y el automóvil como el retiro decisivo de senador estatal Josh Newman, que votó a favor de toda una gran cantidad de nuevos impuestos, han forzado a los demócratas a abandonar sus reflexivas aprobaciones de aumentos de impuestos.

Más allá de la política, podemos dar las gracias a la Proposición 13 y sus protecciones constitucionales, que requieren que todos los impuestos reciban el voto de dos tercios de ambas cámara de la legislatura. La mayoría de los aumentos de impuestos enumerados anteriormente se habrian aprobado si  solo se necesitará una mayoría de votos para aprobarlos. Es difícil reflexionar sobre cómo sería nuestras cuentas de cheques si los legisladores tuvieran una capacidad esencialmente ilimitada para aumentar los impuestos a voluntad. En el 40 aniversario de la Proposición 13, podemos celebrar que todos los contribuyentes continúan protegidos por esta histórica iniciativa.